Minería ilegal en el Perú

Empezaremos citando un párrafo del MEM (2013). Boletín estadístico de minería. “El Perú posee un lugar privilegiado en cuanto a la producción mundial de plata y segundo en la producción de cobre. Asimismo, de metales y minerales debido al potencial geológico que presenta. Se encuentra en primer lugar a nivel mundial en nivel de Latinoamérica, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno, producción de plata y segundo en la producción de cobre.” Nos preguntamos, ¿Cómo es posible que, en un país tan rico en minerales, exista la informalidad en dicho rubro? La minería ilegal afecta al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. En ese sentido, este ensayo explora las causas, consecuencias, responsables, afectados y posibles soluciones para abordar este problema creciente que amenaza la biodiversidad, la salud pública y la estabilidad socioeconómica del país.

Ámbito Legal

Encontramos la falta de aplicación de leyes y regulaciones mineras, la corrupción en las instituciones relacionadas que están encargadas de hacer cumplir la ley, la poca o nula supervisión y control de las actividades mineras y los vacíos legales que permiten la operación ilegal de mineros. Por otro lado, se encuentra la burocracia para formalizar el negocio minero, el cual implica mucho tiempo o dinero, optando así por la ilegalidad. “Se combate al delito de minería ilegal, esto es, a la exploración, extracción, explotación y similares, más no se controla adecuadamente a las empresas que exportan el oro al extranjero y lavan el dinero ilícito de este delito.” Alarcón, M.K. (octubre 2018):

Los involucrados en la minería ilegal pueden enfrentar multas y penas de cárcel de acuerdo a las leyes de su localidad, se arriesgan a perder sus permisos para operar y también perder sus activos al ser estos confiscados.
Además, dañan su imagen y reputación como empresa y como personas naturales, siendo muy difícil o imposible hacer negocios en un futuro. También los conflictos legales que pueden enfrentar pueden ser largos y costosos.

Todo lo antes mencionado conlleva a costos legales adicionales que afectan a todas las partes y suelen ser siempre significativos

Ámbito Político

Nos concentramos en dos factores: inestabilidad política y corrupción institucionalizada. La inestabilidad política en el Perú existe desde la fundación de la república, aunque se ha agudizado en los últimos años. Esta inestabilidad socava la institucionalidad y permite que la minería ilegal crezca de manera descontrolada. Con respecto a la corrupción institucionalizada, es común ver a funcionarios del gobierno involucrados en actos de corrupción, aceptando sobornos a cambio de permitir operaciones ilegales o de no aplicar regulaciones ambientales o laborales. La corrupción sumada a la inestabilidad política, permite que actores de la minería ilegal se integren en las estructuras del estado.

La falta de controles y la debilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar permite que actividades ilegales se desarrollen sin ningún freno. Como menciona Pedroso (2017) “En Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú no existe un control detallado de los diferentes actores involucrados en la comercialización del oro que permita certificar su origen de manera transparente.” Las leyes y mecanismos de control se ven mermados por la falta de políticas

coherentes a largo plazo. Esta situación genera desconfianza en las instituciones públicas ya que para los ciudadanos es evidente que funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción. Debido a eso puede verse resistencia contra proyectos de desarrollo y políticas de gobierno, ya que se intuye que responden a intereses corruptos.

La minería ilegal tiene un fuerte impacto en las comunidades nativas llegando a asesinar a sus líderes. Estas comunidades se encuentran indefensas ya que la corrupción dificulta que reciban protección del estado.

Ámbito Ambiental

Las causas que conllevan a este problema principalmente son: i) la alta valorización de los metales; ii) la riqueza de minerales de nuestro país y iii) la falta de fortalecimiento de políticas ambientales. Aunado a ello, se puede inferir un nivel de influencia inferior por parte de nuestras autoridades para lograr establecer que las empresas mineras realicen sus instrumentos de gestión ambiental de forma comprometida con el ambiente. Cabe precisar que la educación ambiental en el país aún no es un pilar fundamental que se desarrolle de forma autónoma en cada persona a fin de un bienestar colectivo.

Respecto al enfoque ambiental se hace énfasis al nivel de deforestación y degradación de áreas naturales protegidas, así como la contaminación de los recursos naturales como el agua, el suelo, el aire, flora y fauna del espacio geográfico determinado donde desarrollan este tipo de actividades. En ese sentido, se puede observar un proceso de biomagnificación debido a la contaminación de metales pesados, donde el más representativo y perjudicial es el mercurio, el cual es utilizado para la obtención del oro.

Un claro ejemplo de lo mencionado en el párrafo precedente es el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho instituciones latinoamericanas, el cual señala que de las 649 áreas protegidas identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos en seis países de la Amazonía.

Ámbito Económico

"¿Qué factores han determinado que la minería aurífera ilegal e informal se convierta en una suerte de pandemia en el Perú? Tres principalmente: el alza sostenida del precio internacional del oro que justificó con creces el riesgo de operar en la ilegalidad e informalidad, las restricciones estructurales de nuestra economía para generar adecuados puestos de trabajo, y una preocupante debilidad institucional. No se trata de la debilidad institucional de un gobierno en particular, sino la del Estado mismo."(Cuzcano, 2015, p.56). Como se mencionó en la cita previa, la minería ilegal en nuestro país es un problema multifacético que está profundamente arraigado en la economía y el total abandono del Estado en términos de infraestructura, seguridad ciudadana y servicios básicos. Además de la falta de oportunidades económicas alternativas para las comunidades locales, el escaso control y fiscalización por parte de las autoridades gubernamentales en estas regiones mineras, a menudo intensificado por la corrupción, ha creado un entorno favorable para el desarrollo de actividades ilegales pues tienen pocas opciones viables para subsistir.

Por otro lado, la proliferación de la minería ilegal también ha desencadenado a una serie de impactos económicos adversos que afectan tanto a nivel local como nacional. La evasión de impuestos y regalías por parte de la minería ilegal priva al Estado de importantes ingresos que podrían destinarse al desarrollo socioeconómico y a la mejora de servicios públicos básicos en las regiones afectadas. Esta pérdida de ingresos fiscales no solo afecta la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y programas sociales, sino también contribuye a la desigualdad y la marginalización en estas áreas. Además, la competencia desleal entre la minería ilegal y la formal afecta la viabilidad económica de las operaciones mineras legales, lo que a su vez puede resultar en la pérdida de empleos formales y el deterioro de la estabilidad económica en las comunidades mineras. Estos impactos afectan a las industrias que dependen de los recursos naturales, como la agricultura y el turismo, debilitando aún más la base económica de estas regiones.

Ámbito Social

La minería ilegal fomenta la corrupción, la violencia y la explotación laboral. La principal causa suele ser la búsqueda de beneficios económicos rápidos, ya que la minería ilegal permite a los individuos y grupos obtener ganancias sin cumplir con regulaciones ambientales ni pagar impuestos. Además, la pobreza y la falta de oportunidades económicas en ciertas regiones del país empujan a las personas hacia la minería ilegal como una forma de subsistencia. La debilidad institucional y la corrupción también contribuyen al problema, ya que facilitan la operación de actividades ilegales sin consecuencias significativas para los infractores.

Se puede evidenciar el alto índice de conflictos en las comunidades locales por la disputa del uso de los recursos. Asimismo, existe un alto grado de criminalidad relacionada a la explotación de trabajadores mineros, trata de personas, extorsiones, mano de obra infantil y otros.
La degradación ambiental, como la contaminación del agua y deforestación, causa un gran impacto a la salud de los pobladores locales, debido al constante contacto con recursos contaminados que ingieren, ya que dependen de los recursos naturales para su sustento. Esto puede resultar en la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de tierras agrícolas.

Estas consecuencias pueden generar el desplazamiento forzados de comunidades enteras, volviéndose más vulnerables.

En conclusión, la problemática de la minería ilegal en el Perú es un desafío con muchas dimensiones desde impactos ambientales, hasta conflictos sociales y económicos significativos. En ese sentido, requiere una respuesta integral y coordinada debido a que existen leyes y regulaciones mineras que no son aplicadas y también la corrupción hace esta situación diversa y compleja. Asimismo, la influencia y el poder de la criminalidad en estas zonas continúan representando uno de los mayores problemas, así como la persistencia de la minería ilegal amenaza el medio ambiente, la salud pública y la estabilidad socioeconómica del país al afectar la competencia con las empresas mineras formales y disminuir los ingresos fiscales del Estado. Ante ello, se deben adoptar medidas efectivas que aborden tanto las causas profundas como las consecuencias más graves de la minería ilegal. Esto incluye fortalecer la aplicación de leyes y regulaciones, combatir la corrupción en todas sus formas, mejorar la supervisión y el control de las actividades mineras, y promover la formalización y el desarrollo sostenible de la minería. Además, se debe involucrar a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales, las empresas mineras formales y la sociedad en su conjunto, para buscar e implementar soluciones que protejan los recursos naturales y promuevan un desarrollo justo y equitativo para todos los peruanos.

Referencias

●Moore, T. & D’Andrea, C. (2020). Political Economy Analysis of Environmental Crimes in Peru: Preventing Illegal Gold Mining, Timber, and Wildlife Trafficking in Loreto, Ucayali, and Madre de Dios. USAID. Obtenido de https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XC16.pdf

●Pedroso, R. (2024). El crimen organizado se internacionaliza: los vínculos con la minería ilegal en Brasil, Colombia y Perú. Ojo Público https://ojo-publico.com/5058/crimen-organizado-y-sus- vinculos-la-mineria-ilegal-la-amazonia

●Sanborn, C. A. & Hurtado, V. (2017). Mining, political settlements and inclusive development in Peru. ESID Working Paper No. 79. Manchester, UK: The University of Manchester.

●Alarcon, M. (2018). Ilícitos penales derivados de la minería ilegal de oro en el Perú: caso Madre de Dios. M+A. Revista Electrónic@ de Medio Ambiente, 19(2), 159-177. https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-120408/ARTICULO_1_M+A2018.2.pd

●Vivanco, G. (2014). El efecto de la minería ilegal en el Perú: impactos económicos y sociales. Revista Lidera, (9), 119-120. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/14760

●Fuente: Cuzcano, V. T. (2015). Minería ilegal e informal en el Perú: impacto socioeconómico. Cuadernos de CooperAcción, 2.